El juicio de la DANA continúa generando titulares controversiales en España mientras la investigación avanza con decisiones judicales que moldean el curso del procedimiento. Las últimas noticias del juicio de la DANA revelan un panorama complejo, con la magistrada Nuria Ruiz Tobarra tomando determinaciones que afectan significativamente a las partes involucradas en esta catástrofe que dejó 230 víctimas mortales. Este artículo profundiza en los desarrollos más recientes y su impacto en la búsqueda de responsabilidades.
Rechazo de Nuevas Citaciones: Protección de las Víctimas
La jueza al frente de la investigación judicial sobre la gestión de la Dana en Catarroja, Valencia, ha determinado que no existe necesidad de citar nuevamente a los familiares directos de la menor fallecida ni al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, para tomar declaración en el marco de la causa. Esta decisión representa un punto de inflexión en el procedimiento judicial.
Los hechos centrales se han acreditado sobradamente y no hay nuevos elementos que requieran ser incorporados a la instrucción. Los padres de la menor de 11 años, de origen chino, ya participaron en actuaciones judicales previas y no resulta necesario, ni conveniente legal ni emocionalmente, someterlos a nuevas comparecencias. La jueza prioriza el bienestar emocional de los familiares sobre procedimientos adicionales.
La jueza enfatizó: “No hace falta apelar al Estatuto de la Víctima para saber que es absolutamente perjudicial volver a relatar en sede judicial y de manera injustificada lo sucedido”. Esta postura judicial refleja una consideración humanitaria en medio de procesos legales complejos.
Polémicas sobre Peticiones de Citación en el Juicio de la DANA
Las acusaciones inicialmente solicitaron la comparecencia de Gabriel Rufián para que aclarara detalles sobre un fragmento de cuerda que exhibió en una comisión de investigación parlamentaria. Durante la sesión, Rufián le entregó a Pradas un fragmento de la cuerda a la que, según explicó, estuvo agarrada el día de la dana una niña china, que finalmente falleció.
Sin embargo, la instructora desestimó estas peticiones. La jueza también descartó la posibilidad de una exposición razonada respecto a Gabriel Rufián, explicando que tal medida solo procede cuando existen indicios de delito en la conducta de un aforado, circunstancia que no se da en este caso porque ni la acusación ha identificado posible ilícito penal, ni se establece cuál sería la conexión de Rufián con los hechos objeto de investigación.
Investigación sobre Medidas de Emergencia en la Gestión de la DANA
Los desarrollos más recientes muestran que la investigación se enfoca ahora en cuestiones procedimentales cruciales. La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana pide a la Abogacía de la Generalitat que informe de si el 29 de octubre de 2024 altos cargos del gobierno autonómico se interesaron por “alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar” ante la emergencia.
Esta línea investigativa busca determinar si existieron deficiencias en la coordinación institucional. La instructora requiere al mismo organismo para que informe si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera “alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar relativas a los episodios de la dana de ese mismo día”.
Testimonios Clave en el Procedimiento Judicial
Las ultimas noticias del juicio de la DANA incluyen declaraciones relevantes que cuestiona la versión oficial de eventos. El testimonio de Jorge Suárez ante los juzgados de Catarroja aclaró que las primeras noticias sobre víctimas mortales provocadas por la dana del 29 de octubre de 2029 le llegaron de parte de José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, y no a través de la titular entonces de Justicia e Interior, Salomé Pradas. El subdirector general de Emergencias compareció para concluir su declaración en la causa judicial que analiza la gestión de la riada, cuya magnitud provocó 230 fallecimientos.
Las declaraciones revelan problemas en los canales de comunicación durante la crisis. El subdirector agregó que en todo momento la interlocución incluía a Pradas, aunque resaltó que, a su juicio, no era necesario contar con consenso unánime para actuar, ya que el Cecopi se orienta a labores de coordinación y asesoramiento, pero no sustituye la dirección de los planes de emergencia.
Complicaciones Procedimentales en la Instrucción
La investigación enfrenta obstáculos procedimentales significativos que podrían afectar el desarrollo del proceso. La instrucción del caso de la dana afronta uno de sus momentos más delicados tras la readmisión, por orden de la Audiencia Provincial de Valencia, de Yolanda Garrido como acusación particular. Su abogada ha presentado un escrito ante el juzgado instructor en el que solicita la nulidad de todas las actuaciones practicadas desde el pasado 4 de septiembre hasta el 10 de diciembre, un periodo en el que su clienta ha estado fuera del procedimiento por decisión de la juez.
El conflicto procesal llega en un momento en el que la causa de la dana se encuentra en plena fase de consolidación probatoria, con un volumen considerable de diligencias practicadas y numerosas partes personadas. La decisión que adopte el juzgado en los próximos días será determinante para el rumbo del procedimiento.
Rol de Autoridades Hidroeléctricas y Meteorológicas
La investigación también examina las acciones de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar. Suárez relató ante la judicatura que Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), señaló que el escenario previsto era de coronación, no de ruptura de la presa, descartando con ello una emergencia inminente.
Los últimas noticias del juicio de la DANA muestran que tanto acusaciones como defensas continúan presentando argumentos sobre la responsabilidad de distintas instituciones en la gestión de la emergencia. El procedimiento aún se encuentra en fase de investigación, con múltiples direcciones de análisis abiertas que examinarán cada aspecto de cómo se desarrollaron los eventos del 29 de octubre de 2024. La justicia española se encuentra en el proceso de determinar responsabilidades en esta tragedia que marcó profundamente a la comunidad valenciana, mientras mantiene un equilibrio entre el derecho de las víctimas a la verdad y su necesaria protección psicológica y emocional durante un proceso que puede extenderse durante meses.